Teniendo en cuenta, por un lado, la sentencia del Supremo que ordena que el Jurado de Expropiación de Galicia valore de nuevo la zona verde da rúa das Cunchas (1.750 m2) incluyendo en la valoración los 1.212 m2 de los viales y, por otro lado, la reclamación de la familia Rocafort pidiendo el pago de una parte del dinero, antes de que se pronuncie el Jurado de Expropiación, el Concello ha pedido 2 informes jurídicos para saber cómo debe actuar.

El primero es un dictamen del estudio jurídico Balbuena, del 16 de mayo que dice que NO ES EXIGIBLE PAGO ALGUNO, como reclaman los Rocafort, HASTA QUE SE PRODUZCA LA NUEVA VALORACIÓN del jurado de expropiación ordenada por el Supremo.

El segundo informe, del 25 de junio del bufete Garrigues, estudia las alternativas jurídicas que tiene el Concello para defender sus intereses incluso después de que se produzca una nueva valoración del jurado de expropiación.

Sobre los 1.212 m2 de viales públicos, el informe recomienda alegar y acreditar que dichos suelos fueron objeto de cesión obligatoria y gratuita al Concello en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas y son la consecuencia de haberse otorgado las licencias a los edificios que rodean estos viales y, por tanto, no sería procedente incluirlos en la expropiación y la correspondiente valoración del justiprecio.

El informe de Garrigues recomienda EMPRENDER ANTE LA JURISDICCIÓN CIVIL LAS ACCIONES PARA QUE SE DECLARE MEDIANTE SENTENCIA que los 1.212 m2 ocupados por viales eran ya propiedad del Concello.

Pero va más allá, recomendando se ejerciten las mismas acciones para que se declare en sentencia que los 1.750 m2 de la zona verde también eran de propiedad municipal antes de la solicitud de expropiación por la familia Rocafort.

Si finalmente tuvieran éxito las acciones del Concello en la jurisdicción civil, se podrá FORMULAR UN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN contra la sentencia del Supremo, evitando pagar cantidad alguna o sólo por los 1.750 m2 de la zona verde.

Si antes de que hubiera una sentencia de la jurisdicción civil, el Concello tuviera que pagar alguna cantidad por que se pronunciara el Jurado de Expropiación y se hubieran agotado todos los recursos, la familia Rocafort tendría que devolver el dinero recibido.      

En resumen, el gobierno va a dar la batalla jurídica hasta el final en defensa de los intereses de los vecinos de Sanxenxo. porque así nos lo recomiendan todas las fuentes jurídicas consultadas, porque es de sentido común y es consecuencia de la propia construcción de los edificios, que, como mínimo, los 1.212 m2 son propiedad del Concello y no pueden ser incluidos en la expropiación y porque no se entendería que un concejal de Sanxenxo no defendiera hasta el final el dinero de la caja común.