La sentencia desestima la demanda interpuesta por el comité de empresa que solicitaba la nulidad o la declaración de no ajustados a derecho los cambios en las condiciones de trabajo del personal del SAF y absuelve al Concello de las pretensiones ejercitadas en su contra.

La sentencia señala que el Concello convocó todas las reuniones para informar y negociar sobre los cambios a introducir con los representantes de las trabajadoras pese a las reiteradas negativas de estos últimos para llegar a un acuerdo. 

Los cambios en la organización del trabajo son 3: 

1) Un sistema de fichaje telefónico a la entrada y salida del servicio con llamada a un número gratuito.

2) La ausencia de un usuario por hospitalización o fallecimiento coincidiendo con el final de la jornada implica que esas horas no trabajadas pasan a una bolsa de trabajo a favor de la empresa, menos cuando la ausencia se produce en mitad de la jornada.

3) Fijación de guardias localizadas en los días libres de las trabajadoras por si se produce la baja imprevista de una compañera.

Mucho antes de introducir estos cambios el gobierno incrementó el complemento de destino de los 16,37 € al mes que cobraba cada trabajadora a los 137,57 € por las 14 pagas. Lo que significa un incremento mensual de 121,20 € y 1.696,80 € anuales.

Por otro lado, cuando Silvia Freire tomó posesión de su cargo de Concejala de Servicios Sociales, en junio de 2017, se encontró que de las 1.794 horas/mes concedidas por la Xunta para el SAF sólo se estaban prestando 1.613 horas, es decir, había 181 horas al mes sin cubrir, por tanto, familias en lista de espera que no estaban recibiendo la prestación que habían solicitado.

Gracias a los cambios y otras mejoras introducidas actualmente, la Concejalía tiene 2.296 horas/mes concedidas por la Xunta, de las cuales se están prestando 2.286 a 66 familias. Por tanto, sólo hay 10 horas sin prestar. En septiembre de 2018, la Xunta como habíamos completado las 1.794 horas concedidas nos otorgó 502 horas más, lo que nos ha permitido prestar este servicio a más familias dejando vacía la lista de espera.

El gobierno nunca entendió el conflicto creado por las trabajadoras del SAF, más allá de intereses particulares o sindicales. Nosotros siempre hemos tenido claro que la prioridad es dar el mejor servicio a las 66 familias que se benefician de esta prestación. Anteponer la comodidad de las trabajadoras a la situación de vulnerabilidad y dependencia de las familias siempre nos pareció un ejercicio de egoísmo, como finalmente ha confirmado la sentencia.

Sanxenxo es una referencia en política social, invertimos 84 € por vecino al año frente a los 42 € de Vigo o los 35 € de Pontevedra. Y queremos seguir mejorando con la colaboración del excelente personal que tiene esta concejalía, pero el gobierno siempre que los intereses de los usuarios choquen con los intereses del personal se pondrá del lado de los primeros.