Esta mañana se ha celebrado una comisión en la que se presentó una propuesta de la alcaldía para interponer un recurso contencioso administrativo en contra del acuerdo de la junta de gobierno local del Concello de Pontevedra, del pasado 16 de agosto, en la que se aprobó el pliego de condiciones económico administrativas particulares que regulan la licitación del servicio público de agua potable y saneamiento.

El citado pliego de cláusulas administrativas se publicó el 5 de septiembre en el perfil del contratante del Concello de Pontevedra y, al definirse el objeto del contrato, se incluye el suministro de agua en alta a varios concellos, entre ellos Sanxenxo, de conformidad con los correspondientes convenios. 

Al gobierno, no le consta la existencia de ningún convenio regulador entre el Concello de Sanxenxo y el de Pontevedra sobre este suministro, por lo que la competencia para la prestación de este servicio a Sanxenxo le corresponde al Concello de Sanxenxo y no al de Pontevedra.

Visto lo anterior, y en defensa de los intereses de los vecinos de Sanxenxo, teniendo en cuenta que la gestión de la estación potabilizadora de Couso, construida para dar servicio a varios concellos, debería realizarse conjuntamente, y más cuando en un futuro próximo, cuando finalicen las obras realizadas por “ACUAES”, se debe constituir un consorcio o cualquier fórmula asociativa para gestionar las infraestructuras comunes para el abastecimiento de agua de los concellos de la Ría de Pontevedra. 

Es por esto, que el gobierno llevará a un Pleno convocado para este viernes día 27, una propuesta para interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno local de Pontevedra relacionado con el suministro de este servicio.

Hay que recordar, que en 2004 el Concello de Sanxenxo ya llevó al de Pontevedra a un contencioso que acabó dando la razón a Sanxenxo, porque Pontevedra pretendía cobrar un precio superior al coste real que tenía el agua que se suministraba a Sanxenxo, desde una infraestructura construida y mantenida por el gobierno de España. 

Es decir, entonces el Concello de Pontevedra pretendía aplicar a Sanxenxo la tarifa que cobraba la concesionaria del servicio de agua a los pontevedreses y que se justifica por el servicio que estos recibían de esta concesionaria, pero que, obviamente, no en el caso de los vecinos de Sanxenxo. 

En pocas palabras, Pontevedra pretende de nuevo hacer negocio con Sanxenxo por unas infraestructuras que ni ha construido, ni mantiene y por un agua que administra la Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Medio Ambiente.