El Concello está adherido al Pacto de Alcaldes impulsado desde la Comisión Europea para la lucha contra el cambio climático

El Concello de Sanxenxo cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paces) que marcará la hoja de ruta para reducir el CO2 en más de un 40% en 2030. Un compromiso adquirido en 2019 con el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía con el que los ayuntamientos adheridos hacen propios los objetivos de la Unión Europea. En estos momentos son ya 228 los ayuntamientos gallegos adheridos a este pacto medioambiental.

El Plan de Acción de Sanxenxo marca un calendario de trabajo que incluye una primera fase que contempla la elaboración de un inventario de emisiones de referencia, así como la definición de las medidas o acciones de mitigación para las mediciones del sector residencial, el transporte público y privado, residuos sólidos y evaluación de los riesgos climáticos. Entre algunas de las medidas recogidas en este plan se incluyen la certificación energética de todos los edificios municipales, el desarrollo del Plan de Mobilidade, la promoción de la compra verde de material municipal, la mejora térmica de edificios municipales con calor renovable, así como campañas de concienciación del uso responsable de agua, residuos y energía.

Con la recopilación de estos datos, se entra en una segunda fase en la que se elabora un registro que marcará las emisiones de referencia de los diferentes sectores del municipio con al menos tres de los cuatro sectores claves: Municipal, terciario, residencial y transporte. En función de los resultados, se definirán las medidas o acciones de mitigación y, a continuación, se realizará una evaluación de los riesgos y vulnerabilidad del cambio climático en Sanxenxo como pueden ser el calor extremo, frío extremo, secas, incendios forestales, desprendimientos, tormentas e inundaciones.

La tramitación del Plan de Acción debe incluir la aprobación del Pleno que deberá ser presentada en la plataforma del Pacto de Alcaldías. El documento se deberá actualizar cada dos años para ajustarse a las directrices que marque la Unión Europea.